¿Cuál es el principal deber de un funcionario público hacia su comunidad? ¿Cómo debe ser la actitud que comporten las instituciones públicas frente a la comunidad urgida por las necesidades diarias? ¿Qué tipo de asistencia social-pública tenemos en promedio en América Latina?

Las primeras dos preguntas revisten un análisis ético, filosófico y sociológico profundo. Sin embargo, en este artículo sólo aportaré mi opinión basada en mi experiencia personal, pues yo he sido funcionario público varias veces. Modestamente pienso que el principal deber de un funcionario hacia su comunidad es no olvidar que él forma parte de ella, de sus quehaceres y menesteres. En ese sentido, el funcionario debería simplificar los trámites administrativos que sus prójimos ameritan para recibir una ayuda o satisfacer una necesidad, pero su deber no se queda allí, pues también es determinante presentar una conducta deferente, amable, amistosa, empática y sobre todo humana frente a los miembros de la comunidad. Del mismo modo, las instituciones públicas requieren preocuparse notablemente por la formación y capacitación continua de su personal, toda vez que los salarios de los funcionarios reciban la compensación medida en virtud de sus destrezas y habilidades administrativas, en la resolución de conflictos y de intervención social. Si una institución pública aspira ganarse la confianza y credibilidad de los usuarios, entonces debe acercarse efectivamente a estos y, una manera lógica de hacerlo es por intermedio de funcionarios sensibles, capaces, proactivos, transparentes y con visión de logro. Al menos este resultaría el "deber ser" del asunto.

Pero ya acercándonos a la tercera pregunta, vemos como la sabiduría de la historia nos enfrenta en América Latina a un panorama de desidia política, demagogia, populismo, corrupción, más todos los neologismos considerados por los expertos en esta materia. Resulta cierto que las plataformas tecnológicas de asistencia social en promedio dentro de la región han avanzado mucho, pero el meollo del asunto sigue sin resolverse, me refiero a los bajísimos niveles de humanidad de las instituciones en su relación con las comunidades. Como nunca me ha gustado generalizar, me quedaré particularmente con el caso venezolano y para muestra un botón de la vida real:

Antes que nada debo decir que no soy partidario del chavismo, pero tampoco me opongo abiertamente a esta doctrina política... Puede decirse que yo formo parte de un grupo importante en Venezuela conocido como "Ni Ni", llamándose así justamente porque ni comulgamos a favor del gobierno ni a favor de la oposición "democrática" que rige en este país. En ese sentido, por estar nosotros en el medio de dos grandes tendencias antagónicas, es de esperarse que el fuego cruzado nos abata de vez en cuando. Lo normal es que a los "Ni Ni" nos sea muy difícil encontrar empleo en las instituciones publicas ya dominadas por el chavismo, más sin embargo yo me las he arreglado para hacerlo en unas tres oportunidades, pues mi más férrea convicción es el trabajo por la comunidad y no el proselitismo político, siendo que dicha noble tarea puedes realizarla sin necesidad de amarrarte a alguna de las polémicas bandas o grupos referidos, o a sus ideologías.

Quisiera explicar al menos dos grandes oleadas de atropellos contra la comunidad de las que he sido testigo como funcionario en dos instituciones públicas. Primero, entre los años 2005 y 2007, serví como asesor social dentro de una instancia de la Alcaldía Metropolitana de Caracas, donde mi trabajo se resumía básicamente en aplicar programas de solución habitacional para familias damnificadas y/o víctimas de desastres naturales. Con gran tristeza presencié como un coronel retirado de la Guardia Nacional utilizaba los cupos o vacantes de las familias necesitadas para negociarlos, transferirlos o simplemente obsequiarlos a sus conocidos o amigos, quienes por cierto ya tenían vivienda en perfectas condiciones. La complicidad es un delito y yo no soy un delincuente, por lo que denuncié esta situación frente a las autoridades competentes y el resultado no fue otro sino mi despido. Lo peor de este hecho se traduce en la cantidad de miembros de la comunidad que sistemáticamente fueron engañados y extorsionados para poder recibir aquella atención a la que hacía referencia al principio.

Segundo, en el presente año (2008), me tocó como coordinador social de un equipo de supervisión del Ministerio de Vivienda y Hábitat de Venezuela brindar asistencia a más de 2500 familias afectadas por un deslave y movimiento telúrico ocurrido en el Estado Sucre de esta nación. Con cierta satisfacción puedo decir que mi equipo de trabajo pudo ensayar los más valiosos principios de atención efectiva al ciudadano, pero la ejecución final de nuestras decisiones y recomendaciones quedaron en manos de un Ministerio a ultranza transicionable, irresponsable, inestable y mezquino; por cuanto el beneficio prometido a las humildes familias se paralizó en compañía de viles mentiras, sospechas, injurias y acusaciones pueriles. Personas padres y madres de familia que viven de la pesca y la agricultura artesanal quedaron a la deriva y víctimas ahora de toda una hiriente burocracia. Lamento decir que uno de los damnficados falleció al recibir la ingrata noticia de que el gobierno nacional no iba brindarle la atención que por más de 9 meses había esperado. Por tales motivos, nuestro equipo protestó la medida injusta de este Ministerio y manifestó por medio de informes razonados las acciones urgentes que debían tomarse. El resultado fue el desmantelamiento de nuestro equipo, lo cual nos pareció un desfortunio porque las familias y las comunidades en general afectadas por la tragedia quedaron ahora en el abandono.

Estos casos que parecen sólo una puntualidad realmente se repiten en todo el territorio nacional y me atrevería a decir que en otros rincones de Latinoamérica. La comunidad, en general, debe levantarse de su letargo para escarmentar a las instituciones públicas para que comparezcan frente a su único deber que no es otro sino el don de servicio. Anti-valores tales como el afán desmedido de lucro sin trabajo productivo, la mengua de los trámites por la ambición de unos pocos sobre la voluntad de muchos, el ocio, la vagancia, el desestímulo, la corrupción y la desesperanza son nocivos para cualquier institución pública, sus funcionarios y para su razón de ser: La comunidad.