Era 1796 cuando Manuel Belgrano desplegaba ante el Consulado sus propósitos en torno a la forma en que debía desarrollarse la educación en el territorio que posteriormente se constituiría como República Argentina. Belgrano, de orientación fisiocrática, creía firmemente que, al estar la riqueza depositada en la tierra, educar a los agricultores era la mejor forma de orientarse hacia el progreso en la historia. Y a los que no lo fueran, garantizar que la educación los formara para ser agricultores y poder desempeñar bien el trabajo para el progreso. En un territorio que aún no había adquirido su carácter de Estado-Nación, las influencias inevitables del pensamiento de las Luces francesas hacían fuerte la premisa de que la Nación debía encaminarse hacia el progreso. El progreso, para Belgrano, estaría garantizado en tanto y en cuanto los individuos pudieran aprovechar las riquezas del suelo.

Los pensamientos posteriores que calaron hondo en el siglo XIX e influyeron en la posterior historia nacional, fueron indudablemente los de Juan Bautista Alberdi y Domingo Faustino Sarmiento. Alberdi proponía una “educación de las cosas”: el ciudadano no debía concurrir a un espacio institucionalizado para adquirir los conocimientos con los cuales desenvolverse en su historia. El individuo sería ciudadano a partir de las diversas influencias del “exterior”: desarrollo de ferrocarriles, interacción con población inmigrante, etcétera. Por supuesto, sí sería necesaria una escuela “técnica” donde poder formar individuos ajustados al modelo industrial. Sarmiento, por su lado, y en forma diametralmente opuesta, se encargó de hacer hincapié en la necesidad de institucionalizar un espacio educativo desde el cual construir un ciudadano desde su más temprana infancia. De allí su permanente énfasis en desarrollar la escuela primaria. El individuo debía instruirse para ser verdaderamente ciudadano y evitar la barbarie. La escuela era una forma de civilización. Si Alberdi pensaba en términos más relacionados con la economía, Sarmiento direccionaba sus ideas en términos políticos: para que el Estado mantuviese su poder, para que el país sea ordenado y despojado de todo caos barbárico, era necesario construir un ciudadano pacificado, tranquilo, ajustado a las normas. Los desarrollos de Sarmiento fueron los que en definitiva permanecieron en la historia posterior y forjaron los inicios de la construcción de un auténtico sistema educativo, que dio su primer gran paso en 1.884, con la sanción de la Ley 1.420, bajo el gobierno de Julio Argentino Roca.

Construyendo al ciudadano

Las bases de una legislación que asegurara el aceitado engranaje de la escuela fueron dadas con la obligación de acudir a la escuela, que con la mencionada ley 1.420 se convertía además en gratuita, laica y universal. Salvo los aborígenes, que fueron eliminados porque era imposible incorporarlos como ciudadanos, todos los habitantes de la naciente Nación Argentina debían recibir educación. Constituida como una obligación, la educación iba a garantizar al Estado que sus ciudadanos iban a promover el orden y adherir a sus dictados. La idea de lo nacional se empezó a forjar sustancialmente en la escuela y ejemplo de ello son las tradicionales costumbres que aún es posible observar en cada uno de los establecimientos: la formación en fila, el canto del himno, el izado y arriado de bandera. Claras herencias de un gobierno militar (el de Roca), que se fueron transmitiendo, de generación en generación, sin siquiera ser puestas en cuestión. Claro está que no era necesario cuestionarlas, porque las prácticas escolares se constituyeron como la mejor manera de moldear a los adultos desde bien pequeños.

El proyecto de una escuela normalista habla de un compromiso fuertemente iluminista, vinculado con aquellos idearios cultivados con mayor intensidad en el siglo XVIII, que creía fuertemente en la idea de progreso. Al mismo tiempo, se planteaba la necesidad política de no tener que lidiar con desórdenes y por ello se necesitaba un ciudadano obediente. Por otra parte, el higienismo marcaba también una más de las funciones de la escuela: hacer que los niños que no eran limpios lo fueran.

Hasta aquí, y en un esbozo breve y resumido de los hechos más relevantes de la historia, podemos observar una preocupación estatal por construir una escuela funcional al sistema político. Un anexo de un sistema mucho mayor; o mejor dicho, un sistema dentro de un sistema. Una burocracia dentro de una burocracia macroscópica. Escuela normalizadora, civilizadora, higienista, organizadora. Y por sobre todas las cosas, disciplinadora. Un Estado dentro de un Estado, para que los alumnos construyan su adultez y salgan de la escuela para vivir como ciudadanos nacionales. La sanción de la Ley Láinez en 1.905 terminó de configurar a la escuela como un eslabón más en la cadena burocrática: el Estado se adjudicaba, con esa ley, la posibilidad de crear y dirigir escuelas en las provincias. Por otra parte, se creó el Consejo Superior de Educación, organismo por el cual debían pasar todas las mociones antes de ser llevadas a cabo. Hasta los pupitres importados de Europa tuvieron que ser sellados, uno por uno, con la “aprobación del Consejo Superior” (hoy pueden verse expuestos en el Museo de las Escuelas, en el Palacio Pizzurno).

La escuela peronista. Ame a Evita.

Los libros de lectura que se utilizaban en las primeras décadas del siglo no difirieron mucho de aquellos que formaron parte de la formación en los fines de la década del ‘40 y la primera mitad de la del ’50. El peronismo le dio su toque personal: a los dictados del órden, la higiene y las virtudes de puntualidad, aplicación para estudiar y dadivosidad que debían tener los alumnos con sus pares, se agregó la necesaria referencia al hada madrina de los chicos. Había que amar a Evita, porque Evita los amaba. De esa manera, el Estado se aseguraba construir futuros ciudadanos que venerarían sin titubeos la figura de Eva Perón y por propiedad transitiva la persona del General Juan Domingo Perón.

En definitiva, la escuela volvía a construirse como un anexo que la clase dirigente ponía bajo su égida. En consonancia con los pregones que podemos escuchar hoy desde las voces oficialistas, la escuela como derecho servía, incluso para quienes vivían en la miseria, para incorporarse a la vida ciudadana y nacional.

Si en la época de la escuela normalista las figuras que aparecían veneradas eran los próceres de años anteriores (San Martín, padre de la Patria; Sarmiento, padre del aula; Belgrano, padre de la bandera, entre otros), el gobierno peronista se agenció la posibilidad de construir dos próceres que vendrían a reemplazar a todos los anteriores. A partir de allí, el proyecto funcionó a la perfección, y la escuela siguió siendo, aún con más fuerza, un aparato burocrático sujetado a directivas estatales. Un Estado militarizado que la miraba poniendo el ojo en el futuro: era imperiosamente necesario mantener la paz y formar ciudadanos responsables cívicamente y adheridos fanáticamente al personalismo del General y su flamante esposa.

La irrupción neoliberal

Un nuevo salto en la historia nos obliga a depositarnos en la década del ’80. El avance conservador en el Reino Unido, Alemania y Estados Unidos (el famoso tándem Thatcher-Kohl-Reagan) y la proliferación de acciones que tendieron a favorecer a las empresas comenzaron a construir el mundo a la sazón de intereses privados. Los argumentos neoliberales que pregonaban la autoridad del mercado por sobre todas las cosas y la necesidad de un Estado que asegure el marco legislativo de la competencia libre, que pueden verse en el Camino de servidumbre de Hayek, penetraron también en el ámbito educativo. La escuela, entonces, se convirtió en un negocio más. Y al mismo tiempo les sirvió a quienes proponían privatizarla para tender un puente entre la formación y el trabajo. La educación terminó siendo un peldaño más en la cadena hacia el trabajo en empresas capitalistas. Es la lógica que gobierna hoy y que predomina, siendo que las escuelas y universidades privadas han visto y mantienen ciertamente su apogeo.

La escuela hoy

Para entender el interés estatal por la educación basta con citar un spot publicitario televisivo que aparece de tanto en tanto en Canal 7: se hablan loas de un plan que tiene como objetivo inaugurar 770 escuelas, que ya ha inaugurado varias y que se encuentra aún en desarrollo. El remate implícito del aviso es elocuente: quien es pobre no debe preocuparse, porque el Estado le está construyendo escuelas.

¿Desde dónde analizar este discurso? ¿Podemos ver el vaso medio lleno sin decir lo que oculta semejante alusión? Indudablemente, y como quedó demostrado a lo largo de la historia, el fin de una política pública no puede ser la escuela o la educación en sí misma. La escuela es un medio para otra cosa. Instrumento para moldear ciudadanos, instrumento para construir fanáticos a un régimen, un modo más de desarrollar un negocio. La inauguración de escuelas por parte del Estado (plan que, por otra parte, y a pesar de los halagos, ha abierto 70 escuelas), oculta otra situación desgarradora: la circunstancia de que aunque para el Indec las cifras siempre bajen, en la Argentina la mitad de la población es pobre.

Por supuesto, no es pernicioso que exista y se lleve a cabo un plan para promover la educación. Al contrario. Pero la escuela no debiera ser un medio para ningún fin de nada, como lo ha sido en la historia nacional. La educación debe ser un acto auténticamente soberano. Si el soberano de Bataille era el que podía vivir el aquí y ahora, la educación debe ser pensada también como un gasto improductivo. ¿Para qué sirve la escuela?, ¿para qué educar?, son preguntas que tienen que dejar de ser válidas. Educarse no sirve, o no debiera servir para nada. Educarse, escribir, leer tienen que construirse como verdaderos actos soberanos.