Introducción.

La historia de los procesos socio-políticos que convergieron en la conformación de los Estados-Nación construyen las identidades colectivas e individuales regulándolas a través de un proceso de homogeneización. Esta característica de los Estados modernos nos explica algunos procesos y categorías sociales admitidas como naturales desde el discurso hegemónico, que propone una ideología nacional. Esta forma de pensamiento tiene como objetivo ocultar la diversidad de posiciones, valores, expresiones, es decir, diseñar las identidades que constituiría el sentimiento de nacionalidad argentina, promoviendo un determinado discurso sobre la igualdad entre los ciudadanos.

Teniendo en cuenta la historia de los procesos de origen y constitución de los Estados modernos, durante la segunda mitad del siglo XIX, influenciado por la lógica del capitalismo global y en el marco geopolítico del imperialismo económico de las potencias europeas, la temprana Historia Política latinoamericana de los procesos de consolidación de la nacionalidad moderna, destaca la necesidad de los gobiernos de los países de América Latina de emprender un proyecto político de gobierno que resolviera la inestabilidad de su autoridad y la expansión de su control.

En un siglo signado por las guerras civiles contra los gobiernos elitistas y autoritarios de un débil Estado postcoloniales, la clase política argentina ya había dejado de lado las promesas liberales sobre la igualdad de las personas pregonadas en los discursos independentistas de una generación atrás. En Argentina, este proyecto de gobierno impuso sus fronteras en las que se enmarcaría la nacionalidad en la historia, tanto externas, disputando el control geopolítico con otras naciones vecinas, como internas, definiendo la historia de la sociedad argentina dentro de un proyecto de nación.

El pensamiento de los gobiernos centrales de este período imprimió a través de las medidas que llevó a cabo un ethos en la sociedad argentina. Ese comportamiento pretendido de los ciudadanos argentinos representa los derechos y obligaciones que el contrato social rousseauniano de los Estados modernos requiere de sus socios. Como afirma el profesor en Historia, Fernando Devoto, el sentimiento de pertenencia nacional en una persona se define en relación con los derechos de otro. “Es el estado moderno el que se empeña en calificar, en definir, a la vez a los ciudadanos que gozan de ciertos derechos y a los extranjeros que no pueden beneficiarse de tales.” (2003: 21) Con ésto me refiero a algo que expresa Richard Graham aludiendo a la Historia de los partidos políticos. Él dice que la identidad de los individuos se constituye a través de cómo los otros lo ven a uno y no solo con lo que uno piensa sobre sí mismo.

Los procesos sociopolíticos que hicieron cada vez más reales estas fronteras determinaron el desenvolvimiento de estos gobiernos en la resolución de problemáticas centrales que aquí analizaremos: 1- la escasa legitimidad del control político a la que conducía la frágil representación de los derechos del pueblo en la clase política; estas dos coyunturas geo-socio-políticas a las que se enfrentó el Estado argentino tuvieron como consecuencias, 2.- el mantenimiento de la autoridad del Estado dentro de sus diversos tipos de fronteras, 3.- la concentración de poder en las clases urbanas sobre las clases rurales la que ubicaba a la cuestión social como un problema de desigualdad solucionable a través de la fomentación de la inmigración extranjera que remplazaría a la población indeseable.

La propuesta es relacionar estos procesos con un proyecto de homogeneización de las formas sociales al interior del territorio nacional llevado a delante por el Estado central y los grupos de notables que lo gobernaban. De esta manera se dio lugar a un proceso de urbanización de la sociedad argentina, propiciando la imposición de la cultura europea desde las ciudades hacia el interior a fuerza de un darwinismo social en el que se calificaba a lo rural como cuna de la barbarie, y en donde el indio y el gaucho deberían ser reemplazados por una población civilizada de europeos inmigrantes.

La Historia de la legitimidad del poder político.

Siguiendo a Hilda Sabato, apoyamos el argumento que explica la crisis política a partir de la contradicción entre las libertades políticas que otorga la república en los términos de la “soberanía del pueblo” y los intereses de la oligarquía gobernante. La autonomía de Buenos Aires hasta 1880 frente al Estado central indica la concentración de poder de cierta elite política de esta ciudad dominando el resto del país. Como afirma Natalio Botana, esta contradicción expresa una crisis en la mediación entre el Estado y la sociedad civil, consecuencia de la asincronía entre la participación política en los espacios públicos y las libertades políticas derivadas de ese tipo de representación política.

A diferencia de las parcialidades políticas tanto en los tiempos de la Rosas -como durante el auge de los partidos personalistas que surgieron tras los enfrentamientos entre mitristas y confederados-, la evolución de los partidos políticos en Argentina entre 1862 y 1880 redefinió la arena política radicalmente. Estos estaban más comprometidos con la ampliación de la visibilidad de los candidatos que con la solicitación de votos. Por esta razón, estos nuevos Clubes Políticos incluían a muchos que no votaban y que ni siquiera estaban capacitados para hacerlo. Ellos dirigían su mensaje hacia quienes carecían de derecho de voto, por ejemplo, las comunidades de inmigrantes.

En otras palabras, la crisis de la mediación política entre la oligarquía y el pueblo bajo los ideales republicanos expuso la contradicción de la práctica política de los partidos de ese entonces, es decir, la búsqueda del voto como necesidad formal y la práctica real de conseguirlo fraudulentamente. La participación política del voto era muy escasa en la población de Buenos Aires. Aún así, votaban principalmente los sectores populares y se abstenían los sectores acomodados, pero votaban solo los que se lograban inscribir en los padrones electorales, un sistema de inscripciones periódicas y voluntarias, gestión donde comenzaban la verdadera movilización política de los partidos y donde funcionaba más el fraude y la coacción, practicado por todos quienes participaban de los comicios, utilizando el fraude como mecanismo de movilización de los votantes, en un contexto ritualizado de violencia electoral.

En este contexto de legitimidad, los partidos se disputaban la primacía en la arena política argentina construyendo su maquinaria de influencia alrededor de figuras importantes como, por ejemplo, Mitre o Alsina, ocultando lo vacío de principios que estaban sus plataformas para dar lugar al enfrentamiento entre faccioso por el gobierno. D’Amico, erudito de la Historia Política de la Argentina, hace una reflexión sobre el ansia de poder de la clase política y de la manera de gobernar en este tipo de partidos personalistas con “…banderas sin colores definidos, en la que solo se ve escrito el nombre del que manda” (1952: 125). Si bien, en teoría, por un lado, los nacionalistas de Mitre iban a bogar por el control del Estado sobre las provincias y la federalización de la provincia de Buenos Aires, y por el otro, los seguidores de Alsina lo harán por la autonomía de ésta, en la práctica se vio que los que subían al poder cambiaban banderas ideológicas con los que bajaban. Así, era frecuente que personajes de la política se pasaran al bando del partido opositor según quién estuviera en el poder. Para este autor, la confrontación personalista llevada a la oposición total hacía imposible el lugar del diálogo, la negociación y el debate, haciendo impropio el hablar de una práctica política partidista durante esta etapa.

En las grandes ciudades, el monopolio del poder era disputado por asociaciones políticas congregadas alrededor de una persona. En el Interior, en cambio, los llamados “gobiernos de familia”, construidos a través de verdaderas de redes que funcionaban como verdaderas organizaciones sociales, lograron concentrar el poder tras “…la desaparición del Estado colonial y su reemplazo por las frágiles estructuras políticas de la primera mitad del siglo XIX permitieron a los linajes de la elite consolidar su poder sin la tutela de un Estado que las controlara.” (Paz; 224) Estas “redes de familias notables” hacían manifiesta sus influencias a través del control de los canales de deliberación pública. De esta manera, la Hisrtoria demuestra, no solo lograron sus latifundios sino también la concentración de cargos de gobierno en la provincia.

La Historia demuesrta que la ilegitimidad con la que gobernaban las oligarquías políticas en Buenos Aires no solo dejó ver cómo se turnaban por la dirección del Estado central. La conciencia pública del pueblo efervecía ante la negativa de reconocimiento de sus derechos a la participación política. Así, la crisis económica en la que se sumergió el país llevó a que la Unión Cívica de Mitre incitara a la revolución de 1890 contra el régimen conservador.

La Revolución del '90 marcó un punto de quiebre en la historia argentina. La Historia de la Revolución del '90 marca con claridad el momento en el que comienza a emerger una sociedad civil urbana, diferenciada en grupos sociales con demandas específicas. En particular la Revolución del '90 marca el momento en que la clase media ingresó a la vida pública. Simultáneamente, la organización de la clase obrera en sindicatos, de partidos políticos modernos (Unión Cívica Radical, Unión Cívica Nacional, Partido Socialista, Liga del Sur), de las primeras cooperativas, organizaciones feministas, de revistas políticas opositoras, etc., conformó una sociedad urbana compleja que hizo cada vez más inviable la toma del poder mediante revoluciones callejeras. En ese sentido, la Revolución del '90 señala en la Argentina la emergencia del pueblo como sujeto político y social, exigiendo que se lo reconozca efectivamente como protagonista de la vida política, social y cultural, y demandando la configuración de una sociedad democrática.

Tras la reforma electoral de 1912, otra legitimidad ostentarían los gobiernos argentinos y la práctica política brindaría una nueva perspectiva. Siendo Sáenz Peña proponente del Estado oligárquico y censitario, la ley que sancionaba el sufragio secreto, universal y obligatorio fue motivada en gran medida para acallar la conflictividad social reinante en esa época, los anarquistas avanzaban generando cierto temor en el gobierno y se habían convertido en una amenaza para los altos intereses económicos y burocráticos del país. Los conservadores calculaban el costo político de esta ley: el voto universal sería una válvula de escape para el pueblo argentino, dejando de interesarse por las propuestas libertarias de organizar la sociedad sin gobierno y en cambio agradeciendo a las autoridades gubernamentales por dejarlos elegir el gobierno a los que verían ahora como benefactores. No obstante, los conservadores no lograron consolidar un partido político con apoyo popular. El Radicalismo se convirtió en el movimiento político más poderoso y popular del país y ganó por amplio margen las primeras elecciones presidenciales donde se aplicó la Ley Sáenz Peña, las de 1916, con lo que resultó electo Hipólito Yrigoyen, dando fin a una seguidilla de más de 35 años de gobiernos del Partido Autonomista Nacional electos mediante el fraude electoral y a espaldas de la voluntad popular.

La Historia de la autoridad del Estado argentino.

Luego de la batalla de Pavón, terminada la etapa de conformación del Estado Nacional tras la reunificación de Buenos Aires y la Confederación, vino la necesidad del Estado de aumentar su influencia en la sociedad argentina. Los gobiernos liberales que seguirían (Mitre, Sarmiento, Avellaneda y Roca) emprenderían la tarea de expandir su presencia dentro del territorio nacional.

Este proyecto de gobierno, como vimos más arriba -organizado dentro de un clima de confrontación partidista entre las elites oligárquicas- descartó a los sectores populares del derecho de participación política a través de su voto, revelando los prejuicios que tenían las elites de ciudadanos notables para abordar la heterogeneidad de formas de vida que conformaban la sociedad argentina. Así, el darwinismo social con el que estas elites políticas proyectaron el futuro de la sociedad argentina, que se constituiría a imagen y semejanza de las sociedades de los países europeos, implicó un proceso de homogeneización de esta diversidad social mediante la descalificación y la exclusión de las particularidades culturales del pueblo.

Este proceso de homogeneización/dominación social llevado adelante por el Estado Nacional en su expansión de control y autoridad se concibió en el marco de la defensa de las fronteras sociales y territoriales de la nación. La hegemonía del pensamiento de estos grupos de notables sobre el resto de la sociedad argentina pretendía redefinir su identidad, lo que era y lo que no era. Como afirma Richard Graham, la transición en el mundo occidental del súbdito colonial al ciudadano moderno es una cuestión de identidad, en la que importa “…no sólo cómo ellos te miraban, sino cómo tú te veías a ti mismo.”

Así, el gobierno de Mitre emprende la Guerra de la Triple Alianza como una estrategia por el control geopolítico de las fronteras con sus vecinos, especialmente con el Paraguay. Además, el gobierno necesitaba mantener su autoridad en las fronteras que la diferenciaban de la alteridad adentro del territorio nacional. Estas acciones del gobierno central emprendidas como políticas para dominar las fronteras internas y externas de la nación posibilitaron la posterior ejecución de las políticas demográficas llevadas a cabo durante la segunda mitad del siglo XIX.

Así, Mitre, Sarmiento y los caudillos aliados al gobierno porteño emprendieron la represión de los caudillos federales del interior como Felipe Varela y Chacho Peñalosa. Avellaneda y Roca, propiciaron el ocultamiento de la diversidad cultural a través del genocidio llevado a cabo en “la conquista del desierto”. Con el afianzamiento de la autoridad del Estado, dadas las garantías de pacificación de la ciudadanía, se hacía más viable la recepción de inmigrantes que repoblarían el campo argentino y la urbanización de la población criolla.

Con respecto a la relación entre las poblaciones indígenas y el Estado, la historia indica que siempre estuvieron tensamente negociadas, pero la política diplomática de la pacificación llevada a cabo por anteriores campañas militares y acuerdos de paz con los distintos pueblos que poblaban la Pampa y el norte de la Patagonia oriental -con el objeto de contener sus ataques o de avanzar sobre sus territorios para incorporarlos- contrastaría con el genocidio ejecutado por Julio Argentino Roca. Tras el fallecimiento de Alsina, Roca es nombrado por Avellaneda como Ministro de Guerra y Marina, diferenciándose de su predecesor en la creencia de que la única solución contra la amenaza de los aborígenes era extinguirlos, subyugarlos o expulsarlos.

Durante el gobierno de Mitre, las parcialidades indígenas de ranqueles y mapuches convivían controladamente con el Estado a pesar de los frecuentes malones que saqueaban los poblados y estancias de la región pampeano-patagónica. La comunicación epistolar entre el cacique Calfucurá y el presidente Mitre entre 1863 y 1865 revela la existencia de indios amigos del Estado y otras parcialidades disidentes que eran los forajidos.

Adolfo Alsina, gobernador de Buenos Aires desde 1866, se limita a mantener la paz en la frontera con los indios, ya que la mayor parte del ejército es enviado a la Guerra del Paraguay. Como ministro de guerra del presidente Nicolás Avellaneda, desarrolla un sistema de fosas y fortificaciones construidas en el centro y sur de la Provincia de Buenos Aires como defensa de los territorios bajo el control del gobierno federal en la conquista del desierto. Con ella intentó consolidar el control gubernamental sobre estos territorios, paulatinamente usurpados al pueblo mapuche, facilitando su defensa; su estrategia se vería luego desestimada por el general Julio Argentino Roca, que emprendería una campaña más agresiva, batiendo a los nativos hacia el sur y exterminándolos casi por completo. La zanja de Alsina marcó la primera fase de la ampliación hacia el sur de las fronteras efectivamente ocupadas por el Estado argentino.

Luego de 1877, Roca emprende una campaña hacia la Patagonia y Victorica hacia el Chaco, extendieron por la fuerza del fusil las fronteras internas del territorio nacional, civilizando ese desierto habitado por otras culturas indeseables para el proyecto político del Estado argentino. Ultimamente la Historia ha considerado que también, de esta manera consolidó su posición con respecto a la frontera sur con Chile, reclamando su soberanía en la Patagonia.

En vistas de la desnaturalización de la relación entre el Estado argentino y los pueblos originarios evitando la reducción de este enfrentamiento a una cuestión de simple xenofobia irracional, la propuesta es destacar la estrechez de la noción estatal del territorio nacional dentro de su origen histórico, social y político, es decir, como un territorio baldío, un desierto abierto a la conquista. Esta noción estrecha del Estado sobre el territorio, motivada por la necesidad de control, contrastaba fuertemente con las nociones diversas que los pueblos indígenas poseían sobre el territorio, puesto que estos entendían por territorio muchas cosas excepto un desierto, un espacio vacío o una tierra que la cual era necesario conquistar. En este sentido, es evidente que cualquier idea sobre el territorio es una construcción ideológica sobre la Historia, y que cualquier imposición es ilegítima y forma parte de un proyecto de dominación. Por lo tanto, “desnaturalizar” la realidad social de la que formamos parte nos permite abrir una posibilidad para el cambio.

La Historia de la inmigración europea y urbanización de la población.

Simétricamente a la desocupación del contradictorio desierto repleto de indios y a la paradójica domesticación del indeseado gaucho para pasar a ser icono nacional, se fue expandiendo la presencia del Estado a lo largo y a lo ancho del país, extendiendo su control e imponiendo su autoridad. De esta manera, en ese hinterland desconocido y salvaje se van ubicando comunidades de inmigrantes europeos con el propósito de favorecer las instituciones del Estado argentino, es decir, con el objetivo de civilizar la barbarie, imponiendo un código jurídico que impartiría justicia, un aparato burocrático que administraría la vida social de sus habitantes, una instrumento educativo que adoctrinaría a las futuras generaciones con la ideología del amor a la patria.

En este sentido adquiere pertinencia la diferenciación hecha por Fernando Devoto acerca de la definición entre extranjero y la ambigüedad del término inmigrante. Así, el extranjero es el que no se adscribe al pacto social que propone el Estado Nacional, por lo tanto es un enemigo del Estado. En cambio, la noción de inmigrante expresa mucha más ambigüedad a través de su uso social. Como afirma este autor, el personaje del inmigrante nunca ha sido el mismo a lo largo de la historia. De un momento a otro, éste pasaba de ser el colono europeo -un trabajador rústico que venía a “hacer la América” escapando de la miseria con deseos de hacer mejor fortuna brindándose por completo a los requerimientos del Estado que lo albergaba- a ser un extranjero, y por ende, un enemigo público. En el caso que los arribados al puerto de Buenos Aires no se ajustasen a los requerimientos que pedía el Estado argentino, las ventajas otorgadas a los inmigrantes debían anuladas, considerándose a estas personas ya no como inmigrante sino como viajero.

Pero estas definiciones legales sobre la inmigración se complejizan al intervenir un criterio ocupacional a la selección oficial de los elementos inmigratorios más convenientes para el desarrollo del país. En este sentido, en principio el gobierno federal sólo fomentara la inmigración europea. Por otro lado, considerar solo los que venían en tercera clase requería pensar exclusivamente en masas de campesinos europeos pobres que se desplazaban a América. Por eso también el Estado considerará la llegada de una “pequeña burguesía europea” (profesionales y comerciantes, es decir, habitantes de las ciudades) que venía en la búsqueda de un mejor trabajo.

La historia esplica que la definición oficial se haría cada vez más restrictiva a medida que ésta tomaba un carácter masivo como hacia 1880. Puesto que todo inmigrante es jurídicamente un extranjero, el Estado no discriminaría formalmente, en virtud de las diferencias entre estos dos tipos de inmigrantes, otorgando derechos y obligaciones distintas a unos y a otros. Como dice la Constitución Nacional de 1853 en el artículo 20 que se refiere a los derechos civiles, indica también que “los extranjeros gozan de todos los derechos civiles del ciudadano”. Pero como sugiere Devoto, “…en un uso extrajurídico, en la prensa, en el ensayo, en el uso social del término las distinciones entre unos y otros son muy evidentes.” (2003: 33) En este sentido, es difícil considerar que el pensamiento general, me refiero al tipo de mentalidad o sentido común del argentino de esa época, en virtud de esas diferencias ostensibles de origen socioeconómico e intelectual entre estas dos clases de inmigrantes, no hiciera una discriminación en el sentido de ubicar mejor dentro del estereotipo del inmigrante al campesinado pobre indiferenciado que al profesional. Como muestra Devoto citando los casos de Rafael Calzada y Paul Groussac, el profesional o el comerciante conservan su individualidad, su identidad europea con la jerarquía social que carga su origen y su actividad profesional.

De la mentalidad de la época surge otro oxímoron en las definiciones oficiales sobre la inmigración y ha llegado hasta nosotros a través del pensamiento de intelectuales liberales, como por ejemplo, Martiniano Leguizamón. En su prólogo a la obra de Gerchunoff “Los Gauchos Judíos”, pone en relieve el papel civilizatorio de la inmigración europea y cómo entra en relación con el amor a la nueva patria transmitida a las primeras generaciones de hijos de inmigrantes nacidos en nuestro territorio nacional. En este exponente de la intelectualidad liberal argentina de la generación del ’80 se expresa la necesidad de su época de conciliar la tradicional vida rural (en el que se fundaba la identidad popular a través del amor a la tierra) con la modernidad urbana que pretendía transformar esa diversidad cultural a una imagen de si misma). De esta manera se redefine simbólicamente el papel social, económico y cultural de las poblaciones campesinas.

Así, la barbarie se iría civilizando al ritmo del reclutamiento de mano de obra rural y la inversión del capital privado. La imagen de los colonos judíos de Gernuchoff se acomoda perfectamente a la necesidad reformadora de la vida rural que proponía Leguizamón: gauchos que dejan de ser bandidos rurales, ya no son hombres sin rumbo y sin conchabo ni ocupación, sino que ahora se han transformado en agricultores.

De esta forma, tanto en las representaciones oficiales como en las percepciones populares se distinguía el inmigrante destinado a poblar el campo del inmigrante destinado a poblar la ciudad. La llegada de profesionales, comerciantes, técnicos y trabajadores especializados constituyeron el fundamento del proceso de urbanización de la población con el que se dispararía el progreso en las ciudades como Buenos Aires. Aquí se demuestra el destino civilizatorio que le habían asignado los ideólogos, intelectuales y políticos a este tipo especial de inmigrantes: educar a las nuevas generaciones de argentinos, desarrollar el progreso tecnológico y científico, engrandecer una cultura nacional auténtica.

Conclusiones.

Como hemos revisado a lo largo de este trabajo, la Historia política argentinala del siglo XIX indica que conjunción de estas tres problemáticas y las medidas que tuvo que tomar el Estado nacional argentino para enfrentarlas han conducido a una sociedad argentina fragmentada y enfrentada por las relaciones de desigualdad, discriminación hacia los no considerados dentro de la argentinidad, ocultamiento de la diversidad. En otras palabras, aquí nos ha interesado destacar el peso que ha tenido que cargar la sociedad argentina con la aplicación del proceso de homogeneización sufrido por su población a manos de la voluntad autoritaria de sus elites gobernantes.

Evidenciándose una falta extensa de consenso y unidad entre todos los sectores sociales, podemos decir que las manifestación de disconformismo general o sectorial, dentro del marco de un análisis de los acontecimientos ocurridos a lo largo del período estudiado (me refiero a las coyunturas puntuales que llevaron a la rebelión de los caudillos federales, el saqueo de los malones en las de las fronteras con los indios o las causas que motivaron la Revolución del Parque, por citar algunos) podemos encontrar siempre los mismos reclamos en todos los casos. Estos reclamos representan la reacción popular ante las medidas tomadas por las elites de notables para asegurarse la autoridad del Estado, imponer una legitimidad política